SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0115/2012
Sucre, 2 mayo de 2012

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Magistrada Relatora:Soraida Rosario Chánez Chire
Acción de libertad

Expediente:00070-2012-01-AL
Departamento:La Paz

En revisión la Resolución 072/2012 de 4 de febrero, cursante a fs. 29 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nicollette Viscarra Irusta y Carlos Aparicio Seleme contra Roberto Marcos Villa Pareja, Fiscal de Materia de la Unidad de Solución Temprana de la Fiscalía Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2012, cursante de fs. 7 a 8 vta. de obrados, los accionantes expresan los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Debido a una denuncia formulada por Carlos Augusto Cardona Ayoroa y otros por los delitos de estafa, falsedad material y uso de instrumento falsificado, el 2 de febrero del 2012, se constituyeron en oficinas de la Unidad de Solución Temprana, dependiente de la Fiscalía Departamental de La Paz, a objeto de prestar sus respectivas declaraciones informativas; sin embargo, luego de prestar las mismas, fueron sorprendidos con la Resolución y orden de aprehensión emitida por el Fiscal ahora demandado.

Refieren, que se encuentran ilegalmente aprehendidos, por cuanto el Fiscal del caso, actuó sin facultades, porque dirigió una investigación atribuida a un fiscal de división.

Señalan también que, para su aprehensión, no concurrieron los presupuestos establecidos por el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que la penalidad de los delitos denunciados en su contra no superan el mínimo exigido de dos años; y por otra parte, tampoco se fundamentó en la existencia de riesgos procesales de fuga u obstaculización, por lo que la Resolución emitida por el Fiscal, carecería de motivación.

Por consiguiente, consideran que han sido ilegalmente aprehendidos e indebidamente procesados.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, sin especificar, ni citar las normas constitucionales que los contienen.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la acción y se disponga su libertad inmediata. Con costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de febrero del 2012, según consta del acta cursante de fs. 27 a 28 vta. de obrados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El abogado de los accionantes ratificó los términos expuestos en la acción de libertad interpuesta.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

El Fiscal de Materia de la Unidad de Solución Temprana de la Fiscalía Departamental de La Paz, Roberto Marcos Villa Pareja, demandado, brindó informe oral en audiencia, puntualizando: a) Que, evidentemente él desempeña funciones en la Unidad de Solución Temprana, y que en primera instancia por conducto regular, se le asignó una denuncia por los presuntos delitos de estafa, estelionato, apropiación indebida y abuso de confianza, interpuesta por Carlos Augusto Cardona, la misma que ha sido puesta en conocimiento del Juez cautelar, así como el correspondiente inicio de investigaciones; a la que se han sumado otras cuatro denuncias; b) Asimismo, señaló que en la imputación formal presentada, se atribuye el delito de estafa con víctimas múltiples conforme el art. “246 bis” del Código Penal (CP), siendo la sanción para este delito la reclusión de 3 a 10 años, por lo que la penalidad del delito imputado hace viable la aprehensión; y, c) Habiendo sido citados para la audiencia de medidas cautelares, los ahora accionantes, recusaron al juez y presentaron la acción de libertad, en tal sentido, antes de que interpongan esta acción, previamente debieron haber hecho su reclamo ante el Juez cautelar y no activar paralelamente una acción constitucional extraordinaria, por lo que no se ha cumplido con el principio de la subsidiariedad.

I.2.3. Resolución

El Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 072/2012 de 4 de febrero, cursante a fs. 29 y vta., por la que denegó la acción de libertad formulada por Nicolette Viscarra Irusta y Carlos Aparicio Seleme contra Roberto Marcos Villa, Fiscal de materia de la Fiscalía del Distrito de La Paz, con los siguientes argumentos: 1) Según la jurisprudencia constitucional de las SSCC 0201/2010-R de 24 de mayo y 007/2011-R de 7 de febrero, se determinó respecto a las medidas cautelares, que rige el principio de subsidiariedad en relación a la aprehensión legal o ilegal debiendo agotarse las vías procesales antes de acudir a la acción de libertad; y, 2) No se ha demostrado por los accionantes, que se ha realizado la audiencia de aplicación de medidas cautelares, que la Resolución pronunciada en la misma haya sido apelada y que exista actualmente un Auto de Vista.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia:

II.1.Mediante Resoluciones de aprehensión, emitidas por el Fiscal accionado, se dispone la aprehensión de Nicollete Paola Viscarra Irusta y Carlos Aparicio Seleme, ahora accionantes, a objeto de que los mismos sean puestos a disposición del Juez cautelar (fs. 1 a 5).

II.2.Cursa orden de aprehensión emitido por el fiscal Roberto Marcos Villa Pareja, de 2 de febrero del 2012, por el que se procedió a la aprehensión de Nicollete Paola Viscarra Irusta (fs. 6).

II.3.Los ahora accionantes, interponen la presente acción, ante el Juez de Sentencia de turno, la misma que radica ante el Juez Segundo de Sentencia, quien señala audiencia para el día sábado 4 de febrero del 2012 (fs. 7 a 9).

II.4.La audiencia se desarrolla bajo la dirección del Juez de Instrucción en lo Penal de turno, quien pronuncia la Resolución 072/2012 de 4 de febrero (fs. 27 a 29 vta.).

II.5.De acuerdo al informe prestado por el demandado en audiencia de acción de libertad, se tiene que se ha realizado la comunicación correspondiente del inicio de investigación al Juez cautelar de turno a efectos del control jurisdiccional (fs. 28 y vta.).


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, arguyen que se encuentran ilegalmente detenidos e indebidamente procesados, por cuanto la Resolución que dispuso su aprehensión, no ha sido debidamente fundamentada, además que el Fiscal no tenia facultades para disponer su aprehensión por corresponder a un fiscal de división el conocimiento del caso.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.La acción de libertad y la competencia de los jueces y tribunales
El art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), determina:” Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”; y, el art. 13.I del texto constitucional, dispone que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 3 determina: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

De igual forma, el art. 8 de la misma Declaración establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

Por su parte, el art. 125 de la CPE, establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

De lo mencionado, se establece, que la acción de libertad ha sido instituida como un proceso constitucional de naturaleza tutelar, que tiene la finalidad de brindar protección inmediata y efectiva a derechos fundamentales como a la vida y a la libertad, los mismos consagrados por la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, en los casos en que estos derechos, sean ilegal, indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades públicas o particulares.

Esta acción puede ser interpuesta ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal solicitando que se guarde tutela a la vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya el derecho a la libertad.
A efectos de la interpretación de lo señalado, es menester previamente aludir a la SCP 0032/2012 de 16 de marzo, la misma que reiterando lo referido por la SC 0756/2011-R de 20 de mayo, respecto de la competencia mencionó que esta consiste en: “…la capacidad o aptitud reconocida a un Juez o Tribunal para ejercer funciones respecto de un asunto o materia, con la finalidad que la conozca y resuelva. En los procedimientos constitucionales, también la competencia del tribunal de garantías es de vital importancia, considerando que sus decisiones sólo serán válidas, si emergen de quién o quienes estén revestidos de la facultad legal para asumir y decidir acerca de la presunta vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Al respecto, conviene precisar que del debido proceso en su faceta adjetiva, se desprende uno de sus componentes esenciales, el del juez natural, que en síntesis constituye la legitimación de una decisión proveniente de quien la ejerce por mandato legal, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, de la propia Ley Fundamental, por ello coincidimos en afirmar que la competencia no puede ser prorrogable por la voluntad del juzgador, ni la tolerancia de las partes, no puede delegarse por decisión personal, sólo es admisible excepcionalmente por excusa o recusación, tampoco puede ser atribuida o apropiada indebidamente por un juez o tribunal, de hacerlo sus actos y decisiones son nulos de pleno derecho, no tienen ningún efecto, ni causan consecuencia jurídica alguna”.

En ese entendido la referida Sentencia moduladora de la SC 0756/2011-R de 20 de mayo, ha dejado establecido que: “…en ese contexto, expresamente la norma fundamental otorga competencia a los Jueces en materia penal, para el conocimiento y sustanciación de la acción de libertad, por cuanto ningún otro juez o tribunal está habilitada para ejercer dicha competencia, ni siquiera en suplencia legal, toda vez que si acaso no existiera Juez o Sala Penal en el mismo Distrito Judicial que asuma competencia, la acción de libertad debe ser resuelta necesariamente por cualquier otro Juez en materia penal, es decir por Jueces y Tribunales de Sentencia en Capitales de departamento y Jueces de Instrucción o Mixtos en provincias, exceptuando los Jueces de Ejecución Penal debido a las atribuciones y competencias específicas asumidas por ley.

Es necesario aclarar que los Tribunales de Sentencia, asumirán excepcionalmente tal competencia, sólo en caso de impedimento de la o las Salas Penales de la capital del Distrito Judicial donde se haya presentado la acción de libertad, puesto que con relación a su composición, dejarán de ser un Tribunal Penal de justicia ordinaria- compuesto por cinco jueces, 2 técnicos y 3 ciudadanos-, y pasaran a sumir la competencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales - integrado por ambos jueces técnicos- y solo respecto a la acción de libertad; (…).

Asimismo, del análisis a las normas y jurisprudencia citada, mas las reformas introducidas por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, promulgada bajo el actual orden constitucional, en su art, 54 inc. 10), establece las atribuciones de los Jueces de Instrucción indica: 'Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de sentencia en su asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos`.

En ese sentido, no existe duda alguna que la atribución del Juez de Instrucción en lo Penal, para conocer y resolver una acción de libertad, sólo se da en provincias y de manera supletoria, y no así en capitales de Departamento…”.

Conforme la jurisprudencia señalada, si bien se ha establecido claramente que serán competentes para conocer y sustanciar la acción de libertad sólo los jueces en materia penal, es decir las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, los jueces y tribunales de Sentencia en Capitales de departamento, los jueces de sentencia y los jueces de instrucción en lo penal en provincias de manera supletoria; y que de no existir juez o Sala Penal en el mismo departamento que asuma competencia, la acción de libertad deberá ser resuelta por jueces y tribunales de sentencia en Capitales de departamento y jueces de instrucción o mixtos en provincias, exceptuando los jueces de ejecución penal; asimismo, que en caso de impedimento de las Salas Penales en Capitales de Departamento, excepcionalmente asumirán la competencia los tribunales de sentencia; empero, en este entendimiento no se ha tomado en cuenta que cuando la acción de libertad sea planteada ante Salas Penales o jueces de sentencia en la Capital de Departamentos, y la audiencia de acción de libertad deba llevarse a cabo los días sábados, domingos o feriados, la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional ha previsto en su art. 68.4 que la acción de libertad sea tramitada ante el juez de instrucción cautelar, aspecto que vendría a constituir un caso excepcional en el que un juez de instrucción de turno en lo Penal asumiría competencia y por lo tanto podría constituirse en juez de garantías, sólo en el caso referido; este razonamiento no se aparta de lo ya establecido por este Tribunal, sino mas bien contribuye a complementar lo ya referido.

En consecuencia la acción de libertad tal como prescribe el art. 125 de la CPE y la SC 0035/2012 de 16 de marzo, debe ser interpuesta ante las autoridades competentes señaladas precedentemente, tanto en las Capitales de Departamento y las Provincias, las mismas que conforme a procedimiento señalaran de inmediato día y hora de audiencia pública, la que tendrá lugar dentro las veinticuatro horas contadas de interpuesta la acción, y sólo cuando estas audiencias tuvieran que celebrase en sábado, domingo y feriado, asumirá la competencia de esta acción un juez de instrucción en lo penal de turno.

III.2.La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Por otra parte, siendo que la acción de libertad, se encuentra destinada a la protección y defensa de los derechos a la vida y a la libertad personal; constituye una acción de carácter extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima. Consecuentemente, a través de dicha acción, se evita una detención ilegal, o se repara la ilegal restricción de la libertad o el procesamiento indebido, manteniendo las características de inmediatez de la protección, el informalismo, la generalidad y la inmediación; procediendo contra cualquier autoridad pública, pues no reconoce fueros ni privilegios.

En ese entendido, la acción de libertad, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; sin embargo, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser activados previamente por el o los interesados o afectados; en estos casos, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, la jurisprudencia emitida, en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, moduladora de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, en ese entendimiento ha establecido que: “I …la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas a pesar de existir mecanismos de protección especifico y establecidos por la ley procesal vigente, estos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho la libertad y a la persecución o procesamiento indebido deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas…”.

De igual forma, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, ha establecido tres situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada a efectos de evitar que la acción de libertad se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

“Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

En este entendido, y de acuerdo al presente caso de autos corresponde mencionar; el primer supuesto, que establece, cuando antes de existir una imputación formal, tanto la Policía Boliviana o la Fiscalía incurran en vulneración del derecho a la libertad y no se ha realizado la comunicación del inicio de investigaciones, corresponde denunciar estos actos, al juez de instrucción en lo Penal de turno; empero, si se hubiese cumplido con la comunicación del inicio de investigaciones, corresponde denunciar estos actos a la autoridad jurisdiccional que ya asumió el conocimiento del inicio de investigaciones.

III.3.Análisis del caso

III.3.1. De la actuación del Juez de garantías

La acción de libertad, ha sido interpuesta ante el Juez de Sentencia de turno, siendo recepcionada por la distribuidora de causas del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de La Paz a horas 10:53 el viernes 3 de febrero del 2012- tal cual se evidenció del sello de recepción- se remitió la misma al Juzgado Segundo de Sentencia a horas 11:10, el mismo señaló audiencia pública para el sábado 4 del citado mes y año horas 11:00, disponiendo la remisión de los actuados al Juzgado de Instrucción en lo Penal de turno; asimismo, que la autoridad demandada haga comparecer ante el referido juzgado a los ahora accionantes.

Para el desarrollo de la audiencia de la acción de libertad, asumió competencia Margot Perez Montaño, Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal, quien como Jueza de garantías pronuncia la Resolución 072/2012 de 4 de febrero.

De lo referido se tiene que, la Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal encontrándose de turno en día sábado, asume conocimiento de la presente acción, en aplicación del art. 68.4 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), siendo en este caso competente para sustanciar la presente acción y pronunciar la correspondiente resolución conforme se tiene referido en el Fundamento III.1 reiterando al respecto que: “…cuando la acción de libertad sea planteada ante las Salas penales o jueces de sentencia en la Capital de Departamentos y la audiencia de acción de libertad a señalarse deba llevarse a cabo los días sábados, domingos o feriados, la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional ha previsto en su art. 68.4 que la acción de libertad sea tramitada ante el juez de instrucción cautelar, aspecto que vendría a constituir un caso excepcional en el que un juez de instrucción en lo Penal de turno asumiría competencia y por lo tanto podría constituirse en juez de garantías, solo en el caso referido…”.

III.3.2. Respecto de la subsidiariedad excepcional

En el presente caso, tal como se evidencia de las conclusiones y antecedentes, se tiene que el Fiscal de Materia de la Unidad de Solución Temprana de la Fiscalía del Departamento de La Paz, ha sido la autoridad que ha emitido la orden de aprehensión contra los accionantes en aplicación del art. 226 del CPP; así se evidencia de las Resoluciones y orden de aprehensión de 2 de febrero del 2012.

Al respecto, existiendo varias denuncias contra los accionantes, e iniciada la investigación preliminar, corresponde que los mismos puedan denunciar tal vulneración ante el Juez de Instrucción en lo Penal, quien conoció el inicio de la investigación, para que en ejercicio de sus facultades conferidas por los arts. 54. inc. 1) y 279 del CPP, realice el correspondiente control jurisdiccional y se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la restricción al derecho a la libertad.

Por lo expuesto, concurriendo el primer supuesto de la subsidiariedad excepcional, señalado en el Fundamento Jurídico III.1, establecido por SC 0080/2010-R, entre otras, toda vez que los accionantes no han agotado los mecanismos de la jurisdicción ordinaria, se debe denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la causa.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la acción tutelar, ha actuado correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y el art. 12.7 de la LTCPl, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 072/2012 de 4 de febrero cursante a fs. 29 y vta., dictada la Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática.






Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.


Fdo. Soraida Rosario Chánez Chire
MAGISTRADA

Fdo. Efren Choque Capuma
MAGISTRADO