SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0353/2012
Sucre, 22 de junio de 2012

SALA TERCERA
Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
Acción de amparo constitucional

Expediente:00019-2012-01-AAC
Departamento:Chuquisaca

En revisión la Resolución 17/2012 de 18 de enero, cursante de fs. 61 a 63 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jenny Soraya Torres contra María Gutiérrez Alcón, Gerente Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Regional Chuquisaca.

ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 5 y 10 de enero de 2012, cursantes de fs. 12 a 15 vta. y 21 vta., respectivamente, la accionante señala que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El SIN, mediante convocatoria pública signada como CE/08/2011, convocó al cargo de Profesional III-A, proceso de selección de personal dentro del cual obtuvo la mejor calificación de acuerdo a las listas de postulantes que fueron publicadas. Sin embargo, a pesar de los resultados de la citada convocatoria, fue designada Fiscalizadora, por Memorándum 08-000752 11, puesto distinto al postulado, toda vez que la ya citada convocatoria, definía las funciones del cargo consistentes en: “Ejecutar y administrar eficientemente los procesos técnicos y normativos emanados de la Gerencia Nacional de Recaudación y Empadronamiento relacionadas con el control y venta de valores fiscales así como también padrón de contribuyentes y notas fiscales”.

Asevera que, no obstante lo expresado precedentemente, cumplió las funciones que le fueron encomendadas por funcionarios jerárquicos del SIN por cinco días continuos, hasta que la jefatura de personal de la nombrada entidad, le instruyó que suspendiera el marcado del registro de ingreso y salida, por supuesta ausencia en la firma del memorando de la autoridad competente para este efecto; motivo por el cual, luego de varias solicitudes para la entrega del memorando, mediante Carta Notariada de 17 de noviembre de 2011, realizó la petición escrita, misma que fue reiterada ante el propio Presidente del SIN el 25 del citado mes y año, sin obtener respuesta hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional.

Expresa que, las ilegalidades cometidas por la Directora Regional del SIN Chuquisaca, se extendieron al hecho de no haberle cancelado los cinco días trabajados en una franca vulneración de su derecho a una justa remuneración y salario justo.

Finalmente, en el memorial de subsanación, adjunta la documentación extrañada por el Tribunal de garantías, relacionada con la convocatoria pública de personal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante, alega la vulneración de sus derechos, a la petición, al trabajo y a una remuneración o salario justo, citando al efecto los arts. 24 y 46.I.1 y 2 numerales 1) y 2) de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Se solicita se conceda la tutela, y a su vez que: a) La autoridad demandada dé respuesta a las peticiones efectuadas, en cuyo caso debería otorgársele un plazo no mayor a cinco días; b) Se ordene su reincorporación como funcionaria de la entidad; y, c) Se disponga la cancelación del salario correspondiente a los cinco días trabajados.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 18 de enero de 2012, encontrándose presentes la parte accionante, demandada y el representante del Ministerio Público, conforme consta en acta de fs. 56 a 60, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Intervención previa del Ministerio Público

En el uso de la palabra, el representante del Ministerio Público, señaló que: 1) La Ley del Tribunal Constitucional fue abrogada por la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, motivo por el cuál, el mandato atribuido al Ministerio Público respecto a su participación en audiencias de acción de amparo constitucional, ha quedado sin efecto; y, 2) Corresponde a la Procuraduría General del Estado en representación del mismo Estado, sentar presencia en las citadas audiencias.

I.2.2. Ratificación de la acción

La parte accionante confirmó plenamente el contenido de su acción, ratificando los supuestos fácticos que hacen a los hechos denunciados y citando las normas supuestamente vulneradas.

I.2.3. Informe de la autoridad demandada

La parte demandada mediante informe cursante de fs. 38 a 39 vta., señaló: i) La accionante no agotó las vías administrativas de impugnación; por tanto, la presente acción de amparo constitucional es alcanzada por el principio de subsidiaridad, haciendo improcedente la misma; ii) Concurre también la ausencia de legitimación pasiva en la demandada, por cuanto, según lo dispuesto en los arts. 14 inc. n) de la Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000 y 19 inc. g) del Decreto Supremo (DS) 26462 de 22 de diciembre de 2000, corresponde al Presidente Ejecutivo del SIN, la designación del personal de la entidad, entonces, la Gerente Distrital a.i., no podía ser demandada respecto a una función que la Ley no le atribuye; iii) El memorando al cuál hace referencia la accionante, es simplemente la asignación de funciones de trabajo, no importando designación propiamente dicha, funciones que nunca fueron desarrolladas de acuerdo a lo expuesto en el Informe SIN/GDCH/DF/INF/1341/2011 de 13 de diciembre de 2011, emitido por el área de Recursos Humanos; y, iv) No existió vulneración al derecho al trabajo y a una justa remuneración, toda vez que no fue entablada la relación laboral, siendo también evidente que no fue lesionado el derecho a la petición en razón a que las cartas de la accionante fueron enviadas al Presidente Ejecutivo en La Paz.

I.2.4. Memorial de la Procuraduría General del Estado

A través de memorial de 18 de enero de 2012, cursante a fs. 43 vta., el Director Departamental Desconcentrado de la Procuraduría General del Estado, hizo conocer que la referida entidad es incompetente para conocer acciones dentro de las cuáles se busque la tutela de derechos individuales, cuya delimitación se encuentra dentro del ámbito particular, donde los intereses del Estado no se encuentran involucrados.

I.2.5. Resolución

La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Resolucion 17/2012 de 18 de enero, cursante de fs. 61 a 63 vta., por la cual concedió la tutela, ordenando que en el plazo de veinticuatro horas se pronuncie respecto a la solicitud de la accionante, su reincorporación inmediata y cancelación de los días trabajados; en base a los siguientes argumentos de orden legal: a) Existió vulneración del derecho de petición, pues no consta respuesta pronta y oportuna por parte del Servicio de Impuestos Nacionales a favor de la accionante; b) También resulta evidente la lesión de los derechos al trabajo y a una justa remuneración, en razón a que la ausencia de firma por parte del Presidente del SIN en el memorando de asignación de funciones a la accionante, no es argumento suficiente para considerar que la relación laboral no fue trabada y menos aún, que no se proceda a la cancelación de los días trabajados; y, c) La relación laboral únicamente podía cesar por las causales previstas en la normativa aplicable al caso, extremo legal que no se dio.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, se procedió al sorteo de la presente acción el 15 de febrero de 2012; sin embargo, a efectos de emitir un fallo imparcial, se solicitó documentación complementaria; consecuentemente, se suspendió el plazo procesal por AC-013/2012-CA/S de 29 de febrero, mismo que se reanudó por decreto de 15 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se pronuncia dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.Mediante Memorándum 08-000752 11, signado con la referencia “Asignación grupo de trabajo”, la Jefa del Departamento de Fiscalización y la Gerente Distrital a.i., del SIN Regional Chuquisaca, comunicaron textualmente a la accionante lo siguiente: “…pasará a formar parte del Grupo Supervisado por el Lic. Edwin Hurtado U. Motivo por el cuál se le instruye que los Trámites asignados se encuentren enmarcados en normativa legal y procedimientos en actual vigencia, debiendo su persona conjuntamente su supervisor tomar las medidas oportunas y necesarias para el cumplimiento del Programa Operativo Anual Individual (POAIS) que le ha sido encomendado”(sic) (fs. 1).

II.2.A través de carta de 14 de noviembre de 2011, la accionante solicitó a la Gerencia Distrital, la regularización de su reincorporación, considerando que los otros cargos convocados, fueron asumidos por las personas seleccionadas a dicho efecto (fs. 2).

II.3.A fs. 5, cursa certificación de 14 de octubre de 2011, emitida por la Contraloría General del Estado, a efectos de que la accionante pueda cumplir con un requisito establecido en la Convocatoria CE/08/2011 para el cargo de Profesional III-A Ref. 2-Gerencia Distrital Chuquisaca-Servicio de Impuestos Nacionales-Octubre 2011.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera que se vulneraron sus derechos de petición, al trabajo y a una remuneración o salario justo, en razón a que el SIN, mediante convocatoria pública signada como CE/08/2011, convocó el cargo de Profesional III-A, proceso de selección de personal dentro del cual obtuvo la mejor calificación de acuerdo a las Listas de postulantes publicadas, dando lugar a que se le designe mediante Memorándum 08-000752 11, como Fiscalizadora, cargo distinto al cual postuló; no obstante aquello, cumplió las funciones que le fueron encomendadas por cinco días continuos, hasta que la Jefatura de Personal, le instruyó que suspendiera el marcado del registro de ingreso y salida, en el entendido que su memorando de designación no se encontraba debidamente firmado, aspecto que fue reclamado mediante carta notariada, misma que fue reiterada ante el Presidente Ejecutivo del SIN el 25 del citado mes y año, sin que se obtenga respuesta hasta la interposición de la presente acción, ilegalidades cometidas por la Directora Regional que se extienden al hecho de no haberle cancelado los cinco días trabajados, en una franca lesión de sus derechos. En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde la concesión o no de la tutela solicitada.

Ahora bien, en mérito al objeto y causa de la presente acción de tutela, con la finalidad de desarrollar una coherente argumentación jurídico-constitucional, este fallo realizará una fundamentación jurídica en dos fases hermenéuticas concretas: 1) La primera, en la cual se realizará una interpretación de los roles procesales de la Procuraduría General del Estado en acciones de defensa, utilizando para este fin, pautas exegéticas, teleológicas y sistémicas de interpretación constitucional; y, 2) La segunda, donde se analizará el objeto y causa de la presente acción de amparo constitucional, para lo cual, se desarrollarán los siguientes problemas jurídicos: i) La acción de amparo constitucional; y, ii) El principio de subsidiaridad como su presupuesto configurador.

III.1.Las acciones de defensa y el rol de la Procuraduría General del Estado

Para el desarrollo de una coherente técnica de argumentación jurídica, prima facie, debe precisarse que la reforma constitucional de 2009, estructuró un nuevo modelo de Estado, el cual, en su ingeniería, responde a las bases y postulados axiomáticos plasmados en la parte dogmática de la Constitución Política del Estado, por esta razón, la parte orgánica, que refleja la organización del poder público, responde de manera directa a estas directrices dogmáticas; en ese orden, de acuerdo al preámbulo de la Ley Fundamental y en armonía con el art. 8 de su texto, el “vivir bien” no constituye solamente un valor supremo del Estado Plurinacional de Bolivia, sino un fin esencial, cuya consolidación debe ser materializada por una eficaz organización del poder público plasmada en la parte orgánica de la Constitución Política del Estado.

Por lo expuesto, precisamente el cumplimiento de este postulado, es decir el vivir bien y además la consolidación de los fines esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia, plasmados en el art. 9 de la CPE, a la luz de una pauta teleológica de interpretación, originaron que la función constituyente diseñe una estructura específica de defensa de los intereses del Estado, encomendando este rol a la Procuraduría General del Estado.

En efecto, por el tenor del art. 229 de la CPE, se instituye que la Procuraduría General del Estado, es la institución de representación jurídica pública, cuyas atribuciones son las de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, siendo estos roles el objeto orgánico de esta entidad; en ese contexto y en una interpretación sistémica, debe establecerse que los medios para conseguir este objeto funcional, están dados por las funciones propias de este órgano, disciplinadas en el art. 231 de la CPE, las cuales siguiendo una taxonomía acorde y armonizable con el objeto orgánico de la entidad, podrían catalogarse en dos esenciales: a) el ejercicio de la representación del Estado, cuya gran manifestación se plasma en el rol de parte procesal atribuida a la Procuraduría General del Estado; y, b) el ejercicio de roles de supervisión.

En este marco y nuevamente bajo un criterio sistémico de interpretación constitucional, puede entenderse que las funciones reguladas en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del art. 231 de la CPE, están íntimamente vinculadas con el primer rol propio del objeto orgánico de la Procuraduría General del Estado, que es precisamente el referente al ejercicio de la representación del Estado. Por su parte, el numeral 3 del citado artículo de la CPE, que también es armonizable con los numerales 4, 5, 6, 7 y 8, está claramente referido al segundo rol, es decir a la facultad de supervisión, cuando la representación legal del Estado sea ejercida por unidades jurídicas de la Administración Pública en procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales o administrativas.

En una interpretación teleológica, debe señalarse que la finalidad del diseño de la Procuraduría General del Estado, en armonía con las pautas axiomáticas y los fines esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a los criterios antes precisados, es asegurar la defensa de los intereses del Estado, a través de una eficaz representación; por tanto, es imperante precisar que a la luz de teoría del Derecho y por mandato constitucional, de acuerdo al objeto orgánico de la Procuraduría General del Estado, en el campo de la representación procesal, la función constituyente, asignó una representación procesal a la Procuraduría General del Estado, órgano público que tiene la aptitud legal para el ejercicio de dicha representación de forma directa, supuesto fáctico en virtud del cual, esta entidad, al tener como misión esencial la defensa de los intereses del Estado, está legitimada activamente para ser parte procesal en causas o controversias de índole jurisdiccional o administrativo y en el ámbito interno o internacional. En ese marco, interpretando sistémicamente los arts. 229 y 231 de la CPE, cuando sean las entidades públicas las que ejerzan directamente la representación de las entidades públicas y por ende sean estas parte procesal en causas jurisdiccionales o administrativas, el rol de la Procuraduría General del Estado, será el de supervisar a las unidades jurídicas de la administración pública en cuanto a su actuación procesal, entendimiento que además bajo un criterio de interpretación “desde y conforme a la Constitución”, armoniza los mandatos insertos en los arts. 8 de la Ley 64, así como los arts. 5 y 6 del DS 788 de 5 de febrero de 2011.

Ahora bien, esta representación procesal directa atribuida por la función constituyente a la Procuraduría General del Estado, no solamente comprende a causas jurisdiccionales o administrativas, sino también a acciones de defensa que deban ser activadas para el ejercicio del control de constitucionalidad en relación a decisiones jurisdiccionales o actos administrativos, emergentes de causas en las cuales se ejerció la representación directa del Estado, postulado acorde con el tenor literal de la última parte del art. 231.2 de la CPE.

En el marco de lo señalado, debe precisarse que las acciones de defensa son verdaderos procesos de naturaleza constitucional, en los cuales la equidad procesal y las reglas de un debido proceso deben prevalecer; por tanto, debe colegirse que en los casos en los cuales como consecuencia de decisiones jurisdiccionales o administrativas emergentes de causas en las cuales la Procuraduría General del Estado haya ejercido la representación directa del Estado, la activación del control tutelar de constitucionalidad, deberá asegurar un efectivo derecho a la defensa del Estado, por lo que en estos casos, deberá ser obligadamente citada en acciones tutelares, por el contrario, cuando la Procuraduría General del Estado, en las causas que originen la activación del control tutelar de constitucionalidad, no haya ejercido la representación procesal directa del Estado, no será necesaria su citación en acciones de defensa, puesto que en este supuesto, la propia entidad pública que ejerza la representación, será parte procesal en una acción tutelar, sin perjuicio de que en relación a esta entidad, la Procuraduría General del Estado ejerza sus roles de supervisión en el marco del mandato inserto en el art. 231.3 de la CPE.

Dentro de lo manifestado, debe establecerse que el art. 57.III de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), en su tenor literal señala lo siguiente: “Cuando se trate de la defensa de los intereses del Estado, la intervención de la Procuraduría General del Estado en la audiencia es obligatoria, debiendo pronunciarse en el plazo de 48 horas”, en el marco de los roles atribuidos al máximo intérprete y garante de los derechos fundamentales como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, a la luz de una pauta hermenéutica específica como es la interpretación “desde y conforme a la Constitución”, debe establecerse a esta disposición un contenido acorde con la Norma Fundamental; en ese entendido, considerando que en una interpretación armónica y sistémica de los arts. 229 y 231 de la CPE, se dispuso que la Procuraduría General del Estado está facultada para asumir la representación procesal directa en causas jurisdiccionales o administrativas en el ámbito interno o internacional y que además tiene facultades de supervisión cuando la representación procesal para la defensa de los intereses del Estado es ejercido por las entidades públicas, por tanto, en armonía con este razonamiento enmarcado en la teleología y unidad del orden constitucional, debe precisarse que el mandato inserto en el art. 57.3 de la LTCP, está íntimamente vinculado al supuesto en el cual, la Procuraduría General del Estado haya intervenido de manera directa como parte procesal en la causa jurisdiccional o administrativa que dio origen a la activación de control tutelar de constitucionalidad, razonamiento acorde con el principio de razonabilidad, que constituye un estándar valedero de interpretación constitucional.

Finalmente, en coherencia con lo indicado, debe establecerse que la Procuraduría General del Estado tampoco tiene la calidad de tercero interesado en acciones de defensa, por cuanto, cuando no sea parte procesal directa en la causa que dio origen a la activación del control tutelar de constitucionalidad, no es razonable su notificación en procesos tutelares en calidad de tercero interesado, porque sus roles de supervisión ya desarrollados supra, no se enmarcan dentro del alcance de los terceros interesados en acciones de defensa.

III.2.El silencio administrativo y sus efectos procesales

Constituye una verdadera garantía constitucional en virtud de la cual, se da certeza jurídica al administrado, toda vez que las peticiones realizadas, no quedan en incertidumbre de manera indefinida. En ese sentido, en el orden jurídico interno, como regla general opera el silencio administrativo negativo, salvo que la normativa especial, de manera específica reconozca el silencio administrativo positivo, así lo determinó la SC 0032/2010-RDN, decisión que al ser coherente con el régimen constitucional, debe ser adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En este orden de ideas, debe precisarse que el silencio administrativo negativo, genera para el administrado dos efectos jurídicos esenciales: 1) Se considera que la petición realizada fue negada de manera inmotivada; y, 2) Una vez que opera el silencio administrativo negativo, el administrado o peticionante, se encuentra facultado para activar los mecanismos de impugnación reconocidos en el bloque de legalidad imperante, entre los cuales en materia administrativa se encuentran los recursos de revocatoria y jerárquico.

En el marco de lo indicado, debe establecerse que la figura del silencio administrativo se encuentra disciplinada de manera específica en la Ley de Procedimientos Administrativos y en particular, los plazos regulados para efectos de determinación del silencio administrativo negativo, están establecidos en el Reglamento a la Ley de Procedimientos Administrativos, así el art. 71.I inc. g), dispone que para las resoluciones de fondo, la administración pública tiene un plazo de veinte días para la respuesta a la petición, salvo que exista plazo delimitado de emisión de una resolución o acto administrativo determinado; en ese contexto, el art. 72 del Reglamento a la Ley de Procedimientos Administrativos, señala que el silencio administrativo negativo de la administración resultante de no emitir pronunciamiento en los plazos determinados por la normativa vigente con relación a la solicitud, dará lugar a que el administrado considere el trámite o procedimiento denegado, y en consecuencia, según esta disposición normativa, el afectado podrá hacer uso de los recursos administrativos vigentes en el ordenamiento administrativo aplicable a cada caso concreto.

Por tanto y en mérito a lo señalado, cuando se realiza una petición y esta no es respondida por la administración en el plazo dispuesto en el art. 70 del Reglamento a la LPA, el afectado, a partir de la expiración del plazo máximo reglamentado, debe activar los recursos de revocatoria y jerárquico, luego de lo cual, quedará expedita la vía tutelar de defensa de derechos, que podrá ser activada a través de la acción de amparo constitucional.

III.3.La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional.
El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128, la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los “actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

En este contexto, la acción de amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, frente a los actos u omisiones ilegales provenientes de los servidores públicos o particulares.

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente, con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio.
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En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.
Finalmente, cabe indicar que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad, al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la Constitución que esta acción “(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
Lo manifestado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela.

III.4.El principio de subsidiaridad aplicable a la acción de amparo constitucional. Efectos y jurisprudencia desarrollada

La acción de amparo constitucional, es una garantía jurisdiccional que en el régimen constitucional imperante, adquiere un carácter residual, es decir que solamente puede ser activada cuando se hayan agotado todos los mecanismos intra-procesales o intra-procedimientales de cuestionamiento a decisiones jurisdiccionales o administrativas.

En ese sentido, la SC 0047/2010-RCA de 17 de mayo, señala que: “La jurisprudencia constitucional refiriéndose a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo constitucional ha dejado establecido a través de la SC 0552/2003-R de 29 de abril, que: '…el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras no se hubiera hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo de las instancias idóneas para conocer y resolver el recurso o reclamo presentados por el recurrente”.

En ese sentido, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, ha desarrollado reglas y subreglas de aplicación al principio de subsidiariedad señalando: "Que de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y subreglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución".

III.5.El caso en análisis

Una vez desarrollados los problemas jurídicos planteados inicialmente, corresponde en la especie realizar el siguiente análisis de orden jurídico-constitucional:

a)Tal como lo evidencian las documentales cursantes a fs. 10, mediante Memorándum 08-000752 11, signado con la referencia “Asignación grupo de trabajo”, la Jefa del Departamento de Fiscalización y la Gerente Distrital a.i., comunicaron textualmente a la accionante lo siguiente: “…pasará a formar parte del Grupo Supervisado por el Lic. Edwin Hurtado U (…). Motivo por el cuál se le instruye que los trámites asignados se encuentren enmarcados en normativa legal y procedimientos en actual vigencia, debiendo su persona conjuntamente su supervisor tomar las medidas oportunas y necesarias para el cumplimiento del Programa Operativo Anual Individual (POAIS) que le ha sido encomendado”(sic); posteriormente, la ahora accionante, a través de una nota de 14 de noviembre de 2011, solicitó a la Gerencia Distrital del SIN, la regularización de su reincorporación (fs. 2).

b)Desde la fecha de petición hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional, no existió respuesta alguna por parte de la Gerencia Distrital del SIN.

c)En la especie, tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha operado el silencio administrativo negativo, puesto que desde la petición realizada por la accionante que data de 14 de noviembre de 2011, hasta la fecha de activación de la presente acción tutelar, evidentemente han pasado más de veinte días administrativos.

d)Al haber operado en el caso concreto el silencio administrativo negativo, la ahora accionante, pudo activar los mecanismos de impugnación establecidos en la normativa administrativa imperante; es decir, en primera instancia el recurso de revocatoria contra esa “negativa inmotivada”, aspecto que constituye uno de los efectos del silencio administrativo negativo, tal como se señaló en el citado Fundamento de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, luego de lo cual, en caso de negativa, pudo activar el recurso jerárquico.

e)La conclusión establecida supra, es razonable y enmarcada al bloque de legalidad imperante, porque la última decisión en cuanto a la petición realizada por la ahora accionante, debe ser asumida por la Presidenta o el Presidente Ejecutivo del SIN, tal como lo determinan expresamente los arts. 14 inc. g) de la Ley 2166 y 19 inc. g) del DS 26462, que reglamenta la citada ley, disposiciones en mérito de las cuales, la Presidenta (e) del SIN, tiene la atribución de designar a todo el personal de este Servicio, mediante selección previa convocatoria pública, en base a concurso de méritos. En virtud a este bloque de legalidad aplicable al caso concreto, se evidencia que una vez operado el silencio administrativo negativo, existían mecanismos de impugnación e instancias de decisión que debieron ser activadas por la ahora accionante, sin embargo, al no haberse acudido ante estas instancias, no se cumplió con el principio de subsidiaridad aplicable a la acción de amparo constitucional, razón por la cual, la tutela debe ser denegada, en aplicación del art. 129.I de la CPE.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de garantías, al haber concedido la acción, evaluó de manera incorrecta e incompleta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo, en razón a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2012 de 18 de enero, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo del asunto.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez
MAGISTRADA