La Convocatoria Pública 03/2014 (convocatoria de Vocales de Tribunales Departamentales de Justicia), no vulnera los derechos al trabajo digno y estable, al salario, a la dignidad humana, a ejercer funciones públicas y al debido proceso, por cuanto conforme lo establecido en la norma constitucional, las infraconstitucionales y la refundación del Estado todos lo Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia ejercen sus funciones de manera transitoria, hasta el momento de la designación de las nuevas autoridades, sujetas a convocatoria.
El accionante, denuncia que se vulneró sus derechos al trabajo digno y estable, al salario, a ejercer funciones públicas, al debido proceso y la dignidad humana, debido a que el Consejo de la Magistratura, publicó la Convocatoria Pública 03/2014 de 5 de abril, pretendiendo llenar las acefalías y los cargos que actualmente ocupan, sin tomar en cuenta que ingresaron por concurso de méritos y exámenes de competencia, arguyendo que la Ley 212, de transición solo abarca a las autoridades que administran justicia y que la Ley del Órgano Judicial estará vigente en su totalidad cuando se pongan en vigor los nuevos Códigos, mientras tanto el Consejo de la Magistratura no tiene competencia para emitir convocatoria para Vocalías de todo el país, porque no se han cumplido los presupuestos de las Disposiciones Transitorias de la referida Ley del Órgano Judicial. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, decidió revocar la resolución emitida por el tribunal de garantía y denegar la tutela solicitada, y por ende vigente la Convocatoria impugnada, por no ser atentatoria a los derechos al trabajo digno y estable, al salario, a la dignidad humana, a ejercer funciones públicas y al debido proceso; dejando constancia que los Vocales de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia son transitorios y por ende objetos de Convocatoria Pública.
F.J.III.2. " Interpretando las disposiciones precedentemente señaladas a la luz del principio 'de y desde la Constitución' y de acuerdo una pauta gramatical o exegética de interpretación, se establece lo siguiente: 1) Que la organización judicial preexistente al momento de la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, es aplicable en este periodo transitorio previo a la implementación plena de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, por cuanto persiste en este periodo inter-orgánico, la estructura y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y también las competencias del Tribunal Agrario, como última instancia de la judicatura agraria; 2) Al ser solamente la parte dogmática de la Constitución directamente aplicable a partir de la promulgación de la Constitución, sus postulados serán aplicables a esta organización judicial preexistente antes de la refundación del Estado y vigente transitoriamente por este periodo de transición inter-orgánica; y, 3) La jurisdicción ordinaria y agroambiental y la demás estructura del Órgano Judicial disciplinada en la parte orgánica de la Constitución, se encuentran sujetos a una aplicación condicionada; es decir, a una implementación plena a partir de la posesión de las Magistradas y Magistrados electos por sufragio popular; la transición inter-orgánica concluirá con el ejercicio pleno de roles competenciales de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, en el marco de las reformas orgánicas plasmadas en la Constitución de 2009, roles que fueron implementados y por ende plenamente aplicables tanto para la jurisdicción ordinaria como para la jurisdicción agroambiental, a partir del 3 de enero de 2012, fecha de posesión de las autoridades jurisdiccionales electas” (las negrillas nos corresponden)."
Se denegar la acción de amparo constitucional, y por ende vigente la Convocatoria 03/2014 (convocatoria de Vocales de Tribunales Departamentales de Justicia), por no existir vulneración a los derechos al trabajo digno y estable, al salario, a la dignidad humana, a ejercer funciones públicas y al debido proceso de los accionante; por cuanto conforme lo establecido en la norma constitucional, las infraconstitucionales y la refundación del Estado, los Vocales de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia son transitorios sin distinción alguna, debiendo continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos Vocales, pudiendo participar nuevamente en los procesos de selección y designación, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria Pública.
F.J.III.4. Respecto a los derecho trabajo digno, estable y percibir un salario, establece: "En ese marco constitucional y jurisprudencial, cabe señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, nuestro Estado -por voluntad del constituyente-, en la práctica, está atravesando por la construcción de una nueva estructura judicial, que se encuentra consagrada en el texto constitucional, a cuyo fin, el legislador emitió la normativa orientada a consolidar dicho mandato, encontrándonos al presente en el llamado período de transición a los nuevos Entes del Órgano Judicial, emergiendo de ello, la clara definición y ubicación de los actuales funcionarios, entre ellos, los Vocales que integran los distintos Tribunales Departamentales de Justicia, quienes tienen la calidad de transitorios, hasta la designación de las nuevas autoridades, en cuyo mérito, no resulta evidente que la Convocatoria Pública 03/2014 emitida por las autoridades demandadas, vulnere el derecho al trabajo digno y estable, como también al salario de los accionantes, por cuanto, al presente, se encuentran ejerciendo su labor, claro está, de manera transitoria, empero no por decisión del Consejo de la Magistratura, sino por mandato del constituyente nacional; es decir, su permanencia en esas funciones está garantizada hasta el momento de la designación de las nuevas autoridades; razón por la cual, éste Tribunal, no advierte lesión alguna a los mencionados derechos, más aún, cuando las propias normas que establecen su condición de funcionarios transitorios, de manera expresa establecen la posibilidad de que éstos puedan participar en los procesos de selección y designación para dichos cargos. En cuanto al derecho a ejercer la función pública, el Tribunal Constitucional Plurinacional también ha desarrollado su contenido, así en la SCP 0257/2015-S1 de 26 de febrero, en lo pertinente señaló que: “Así como el art. 144.II.2 de la CPE, consagra el derecho del ciudadano 'a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley', de lo que se colige, que cualquier acción que se realice para impedir de alguna manera este ejercicio, lesiona ese derecho cuando no existe una causal legítima, que justifique el privarle cumpla con las funciones para las que ha sido electo, además de vulnerarle también el derecho al trabajo que está vinculado directamente, con el desempeño en función al cargo; en consecuencia, al estar consagrado este último derecho como fundamental, en caso de lesión, encuentra protección constitucional a través de la acción de amparo constitucional, instituida por el art. 128 y ss. de la CPE”. La vulneración del derecho a ejercer la función pública, solo es posible entenderla, cuando exista una acción destinada a impedir su ejercicio sin que exista causa legítima, extremo que no concurre en la presente causa, puesto que conforme se explicó al momento de referirse a la lesión del derecho al trabajo, que por cierto está vinculado al ejercicio de la función pública, los accionantes tienen por definición constitucional y de la ley, la calidad de transitorios, y en consideración a ese mandato y a esa calidad, es que el Consejo de la Magistratura emitió la Convocatoria Pública 03/2014, ahora cuestionada, en cuyo mérito no puede hablarse de que dicha Convocatoria Pública se origine o tenga causa ilegítima, al contrario, es deviene en cuna necesaria consecuencia, como efecto del proceso de construcción de una nueva estructura judicial que responda a los fines del nuevo Estado. Finalmente, en cuanto al derecho al debido proceso, la SCP 0684/2012 de 2 de agosto, siguiendo la línea de la SC 0163/2011-R de 21 de febrero, reiteró que: "El debido proceso, reconocido como una garantía jurisdiccional por los arts. 16.IV de la CPEabrg; art. 117 de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”; al respecto, y al margen de que no existe una fundamentación que explique cómo se entiende vulnerado dicho derecho, tampoco se evidencia que haya sido lesionado, puesto que conforme se fundamentó en párrafos precedentes, la transitoriedad en sus funciones fue decretada por las leyes que han sido desglosadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia, siguiendo el mandato constitucional también referido, y en cuanto al proceso de selección convocado, como se tiene expresado, los accionantes tienen el derecho de postularse en las mismas condiciones que cualesquier otro postulante, cumpliendo los requisitos establecidos. En conclusión a los fundamentos expresados en párrafos precedentes, y de acuerdo a la normativa constitucional y legal en cuanto a la calidad de Vocales, que indubitablemente concluyen que todos son TRANSITORIOS SIN DISTINCIÓN ALGUNA, y que además según la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, -entre otros servidores-, los Vocales en ejercicio, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos Vocales, pudiendo participar en los procesos de selección y designación inclusive; y, según los alcances de los derechos invocados como vulnerados, cuyos entendimientos han sido desarrollados precedentemente; se concluye que no existe vulneración a dichos derechos; es más, a la fecha continúan desempeñando funciones, percibiendo sus salarios; por ende, la Convocatoria Pública 03/2014, no constituye un trato indigno, al contrario, resulta una oportunidad, por cuanto según la normativa desarrollada tienen la posibilidad de postularse al mismo cargo si así lo decidieren; por lo que, no es posible otorgar la tutela impetrada."

Fichas de la resolución